La implantación del teletrabajo puede conllevar diferentes consecuencias fiscales y de cotización a la Seguridad Social que debemos conocer, tanto si somos trabajadores como empleadores.

En primer lugar, debemos determinar si el trabajador se considera o no residente fiscal en España. Una persona física es residente en España si permanece en el territorio más de 183 días durante el año natural, o si su núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos radica en España, según la LIRPF.

En el caso que el teletrabajador de una empresa española se desplace temporalmente a otro país miembro de la Unión Europea, la empresa española podrá seguir pagando sus cotizaciones sociales tal como venía haciendo hasta ahora. Siempre y cuando el teletrabajador no supere el tiempo máximo de cinco años viviendo en otro país de la Unión Europea.

En el caso que el teletrabajador, a tenor de la normativa anteriormente indicada, sea considerado como no residente en España ni en la Unión Europea, las remuneraciones percibidas podrán ser sometidas a imposición en el otro estado, tanto en lo relativo a sus cotizaciones sociales como a la propia tributación de la renta que debe efectuar el trabajador y que, en consecuencia, también afectará a las retenciones practicadas por la empresa. Para ello, deberemos acudir al Convenio, o en su defecto acuerdos, de Doble Imposición que esté suscrito entre dicho país y España.