El Tribunal Supremo, en su sentencia nº 649/2019, de 20 de diciembre, establece que, dentro del procedimiento penal, las grabaciones aportadas por particulares, por ejemplo de un comercio, pueden considerarse como una prueba documental. Para ello deberán cumplir una serie de requisitos:

 1.) Que no vulneren derechos fundamentales. Entre ellos, el derecho a la intimidad o a la dignidad de la persona.

 2.) Que las grabaciones se hayan obtenido en espacios, lugares o locales libres y públicos. Dentro de estos lugares, no serán válidas las grabaciones obtenidas en  espacios considerados privados, como podrían ser aseos o vestuarios.

En el caso aquí juzgado, el recurrente planteaba la cuestión de vulneración de su derecho a la intimidad y a la propia imagen, al ser grabado por los sistemas de videovigilancia en el interior y exterior de la joyería, los cuales, habían captado imágenes sobre su conducta, los días anteriores y posteriores a los hechos enjuiciados. Estas grabaciones no solo abarcan el espacio inmediatamente exterior de los establecimientos, sino que también grabaron a los viandantes, por lo que el demandante plantea, además, la vulneración del derecho a la intimidad y la propia imagen de los mismos.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha avalado la posibilidad de instalación de las cámaras de seguridad y vigilancia en comercios que den lo indispensable en el arco de la seguridad de acceso al comercio, puesto que la finalidad de la videovigilancia consiste, precisamente, en garantizar la seguridad de personas, bienes e instalaciones, por lo que el interés público legitima dicho tratamiento y su aportación en un procedimiento penal.

Así, pese a que, en ocasiones puedan desarrollarse actividades privadas en una vía pública, se ha declarado que cuando la grabación afecta solo a “espacios abiertos y de uso público“, no precisa autorización judicial previa.

En definitiva, nada obsta a que un establecimiento privado decida dotar sus instalaciones con mecanismos de captación de imágenes, por su propia seguridad y en prevención de sucesos que atenten contra la seguridad de personas o bienes, siempre que las videocámaras se encuentren en zonas comunes, excluyendo aquellos espacios en que se desarrolla la intimidad, como pueden ser los aseos.