La reciente Sentencia del Tribunal Supremo nº  282/2020 de 4 de junio, analiza la posibilidad de dirigir preguntas por el presidente del órgano judicial, y si tal actuación puede romper el equilibrio o neutralidad que debe dirigir su actuar.

La posibilidad de que el juez formule alguna pregunta o corrija cualquier exceso o disfunción de las partes está establecida en los artículos 683 y siguientes de Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El Tribunal Supremo (entre otras, STS nº 460/2016 de 27 de mayo) ha establecido que la valoración de la actuación del Juez ha de realizarse atendiendo a la totalidad de las sesiones del juicio oral y no a frases aisladas, a fin de comprobar si tales preguntas eran pertinentes, necesarias y útiles para esclarecer los hechos y no revelaban prejuicios infundados, sino afán de enjuiciar con fundamento sin dejar flecos sueltos.

Así mismo, la STS nº 721/2015 de 22 de octubre indicaba que -en materia de imparcialidad del Juzgador- las apariencias son importantes, pues está en juego la confianza que los Tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática. Durante el juicio, quien presida el Tribunal debe adoptar una actitud neutra respecto de las posiciones de las partes en el proceso, “como un tercero ajeno a los intereses que cada uno de los intervinientes defiende, situándose por encima de las partes acusadoras e imputadas“ (STC 130/2002 de 3 de junio).

En este sentido, las STC 229/2003 y la STC 334/2005 indicaron que “el límite a esta actuación del Presidente del Tribunal venía establecido por la exigencia de que la formulación de preguntas no fuera una manifestación de una actividad inquisitiva encubierta, sustituyendo a la acusación, o una toma de partido a favor de las tesis de ésta“.

Pero neutralidad no equivale a pasividad, por lo que el Juzgador puede, y debe, desempeñar funciones de ordenación del proceso, dirigiendo los debates y cuidando de evitar las discusiones impertinentes y que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad (artículo 683 LECRIM), actuando de garante de la equidad, el juego limpio y la buena fe entre las partes, evitando durante los interrogatorios las preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes (artículos 709 y 850 4º LECRIM).

Asimismo, el Presidente podrá dirigir a los testigos preguntas que estime necesarias para depurar los hechos sobre los que declaren (artículos 708 LECRIM), pudiendo solicitarse tales aclaraciones directamente a los acusados (STS 780/2006, de 3 de julio), pero siempre con moderación y prudencia para evitar una actividad inquisitiva encubierta (STS 538/2008, de 1 de septiembre o STS 31/2011, de 2 de febrero).

En definitiva, el órgano jurisdiccional tiene otorgada una cierta iniciativa probatoria, siempre que la misma esté ceñida a los hechos objeto de la causa y que se respeten convenientemente los derechos de contradicción y de defensa de todas las partes implicadas en el proceso.

En el ámbito procesal, en el caso que el Magistrado o Juez se exceda en sus competencias es necesario que el letrado formule protesta en el acto del juicio a las preguntas formuladas, tal y como señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de  Burgos nº 517/12 de 26 de noviembre, pues de lo contrario el recurso deberá ser desestimado. Así mismo, prosigue, en caso de existir una evidente falta de imparcialidad se puede hacer uso de la recusación de dicho Juez o Magistrado.