El derecho a la última palabra (artículo 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), es una manifestación absoluta del derecho de defensa. Otorga al acusado la oportunidad de someter a contraste todo el proceso probatorio, añadir lo que estime oportuno para su mejor defensa, y facilitar la explicación que considere más ajustada a sus pretensiones, con una perspectiva mucho más amplia que aquella de la que pudo disponer en el momento de su interrogatorio.

Por ello tal intervención se produce después de haberse desarrollado todo el juicio oral.

Tal y como señala el Tribunal Supremo: “se trata de que lo último que oiga el órgano judicial antes de dictar sentencia y tras la celebración del juicio oral, sean precisamente las manifestaciones del propio acusado, que en ese momento asume personalmente su defensa (según doctrina del Tribunal Constitucional)”.

Tal derecho constituye un derecho fundamental, por lo que se ha considerado un trámite esencial del procedimiento, cuya omisión produce indefensión y con ello la nulidad del mismo.

Ahora bien, tal y como establece la reciente Sentencia del Tribunal Supremo nº 282/2020 de 4 de junio, ello no excluye que pueda ser limitado cuando el acusado incurre en excesos.

En este caso específico, el juez advirtió al acusado de que la lectura (por parte del acusado) de una resolución judicial no constituye derecho a la última palabra, sino defensa técnica, por lo que no es determinante de indefensión. Por contra, cuando el inculpado es expulsado de la sala por la policía de vista, sí debe dársele la oportunidad de ejercer su derecho a la última palabra, con independencia de que lo ejerza o no, pues es posible renunciar a tal derecho y ello no ocasiona en modo alguno indefensión.