¿Interrumpe el procedimiento penal la prescripción del procedimiento de recargo de prestaciones?

¿Interrumpe el procedimiento penal la prescripción del procedimiento de recargo de prestaciones?

Desde IBERUM Abogados se ha conseguido revocar una resolución de recargo de prestaciones/sanción por accidente laboral grave emitida por el INSS en la que condenaban a una mercantil como consecuencia de un accidente de trabajo.

El recargo de prestaciones es una controvertida figura jurídica que supone el aumento de la cuantía de todas las prestaciones económicas que derivan de un accidente o enfermedad profesional por falta de medidas de seguridad en el trabajo y del que debe hacerse cargo el empresario, lo que supone unas cuantías que muchas empresas no pueden soportar para su supervivencia.

El hecho que motiva dicha sentencia se basa en un accidente ocurrido en el año 2006 en un centro logístico de Jaén en el que concurrían diferentes empresas y en el que un operador se cruzó delante de una máquina de asfaltos siendo aprisionado y sufriendo lesiones graves. Aunque nunca se acreditó incumpliendo por parte de la empresa, el Instituto Nacional de la Seguridad Social dictó resolución en el año 2018 sancionando a la empresa e imponiendo un recargo de prestaciones cuyo abono podría suponer el cierre de la mercantil.  

El procedimiento de recargo quedó suspendido una década en tanto se resolvía el procedimiento penal en el que finalmente en el año 2018 fueron absueltos los responsables de las empresas.

El letrado Ismael Istambul defendió que el procedimiento penal no interrumpía los plazos de prescripción de cinco años del Recargo de Prestaciones por lo que la Resolución era extemporánea. Extremo que fue admitido por el Juzgado y que ha dado lugar a una inédita y trascendental Sentencia en esta controvertida área del derecho.

Así mismo, la Sentencia del Juzgado de lo Social de Jaén, estimó la demanda interpuesta por IBERUM ABOGADOS porque entendía que no quedaron acreditados las faltas de medidas de seguridad en el trabajo.

Aspectos básicos de la lotería de navidad

Aspectos básicos de la lotería de navidad

La lotería de navidad es una de las tradiciones navideñas que más expectativas y alegrías puede deparar en los hogares españoles. Sin embargo, en no pocas ocasiones puede ser también objeto de disputas. Por ello es importante conocer las siguientes notas esenciales.

¿Qué debo tener en cuenta si juego un décimo compartido?

Es importante conocer que los premios de lotería lo son al portador, esto es, que el premio lo recibe quien lo tiene en su poder.

Por ello, en caso de problemas, es necesario que previamente se haya documentado quienes son las personas que han jugado dicho décimo conjuntamente. Para ello no existe una regla específica, existiendo múltiples formas de acreditarlo. La forma más habitual y segura es fotocopiar el décimo con los datos y firma de los que juegan, indicando el importe de cada uno. También se pueden usar métodos más modernos, como a través de un grupo de Whatsapp, eso sí, siempre indicando claramente los datos de quienes participan. Así mismo, en la actualidad existen aplicaciones móviles oficiales que facilitan el juego compartido con todas las garantías, si bien habrá que asegurarse previamente de la fiabilidad de la aplicación elegida.

¿Cómo tributa?

Desde el 1 de enero de 2013, s los premios de Loterías y Apuestas del Estado tributan con un gravamen especial.
Están exentas del gravamen las siguientes cuantías de premio:
      Para los premios derivados de juegos celebrados antes del 5 de julio de 2018 la cuantía exenta será de 2.500 euros.
      A partir del 5 de julio de 2018, incluido, la cuantía exenta será de 10.000 euros; de 20.000 euros para los premios derivados de juegos que se celebren en 2019; y para los premios que se celebren a partir de 1 de enero de 2020 la cuantía exenta será de 40.000 euros.
Los premios superiores a estas cuantías tributan respecto de la parte que exceda de las mismas.

Si el premio es compartido, a la hora de cobrarlo, es importante que se identifique a todos los que comparten el premio para que el posterior reparto no se considere donación a efectos fiscales, y quede sometido a ese impuesto.

En el caso de que una sociedad gane un premio no se aplicará el límite exento, debiendo de incluirse la totalidad del premio directamente en la base imponible del Impuesto de Sociedades, descontándose la retención que les hayan practicado.

Décimos estropeados

Los premios rotos o estropeados pueden dar problemas de cobro, dependiendo de la gravedad de la rotura. En el caso de que el premio esté deteriorado, Loterías del Estado deberá autentificarlo. Para ello, analizarán el décimo y en caso de que mantengan dudas sobre el mismo será la Casa de la Moneda la encargada de verificar su veracidad a través de los correspondientes procesos técnicos.

Décimo perdido, hurtado o robado

Es fundamental e imprescindible poner una denuncia ante la Policía Nacional, la Guardia Civil o ante el Juzgado de Guardia del lugar donde haya ocurrido el hecho.

Se debe relatar todas las circunstancias del hecho, aportar las posibles pruebas que se tengan (fotos del décimo o fotocopias) identificando claramente el documento: serie, fracción y sorteo. Además, hay que notificar por escrito el hecho a la Asesoría Jurídica de Loterías y Apuestas del Estado.

Si el premio es superior a 5.000 euros se podrá solicitar en el juzgado una orden judicial para que se paralice el pago del premio. Si nos la conceden, deberemos enviar una copia de la denuncia y de la orden judicial paralizando el pago a Loterías y Apuestas del Estado, lo que podemos hacer a través de una Administración de Loterías.

¿Puede el Juez o el Presidente del Tribunal formular preguntas al acusado o vulnera el principio de imparcialidad?

¿Puede el Juez o el Presidente del Tribunal formular preguntas al acusado o vulnera el principio de imparcialidad?

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo nº  282/2020 de 4 de junio, analiza la posibilidad de dirigir preguntas por el presidente del órgano judicial, y si tal actuación puede romper el equilibrio o neutralidad que debe dirigir su actuar.

La posibilidad de que el juez formule alguna pregunta o corrija cualquier exceso o disfunción de las partes está establecida en los artículos 683 y siguientes de Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El Tribunal Supremo (entre otras, STS nº 460/2016 de 27 de mayo) ha establecido que la valoración de la actuación del Juez ha de realizarse atendiendo a la totalidad de las sesiones del juicio oral y no a frases aisladas, a fin de comprobar si tales preguntas eran pertinentes, necesarias y útiles para esclarecer los hechos y no revelaban prejuicios infundados, sino afán de enjuiciar con fundamento sin dejar flecos sueltos.

Así mismo, la STS nº 721/2015 de 22 de octubre indicaba que -en materia de imparcialidad del Juzgador- las apariencias son importantes, pues está en juego la confianza que los Tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática. Durante el juicio, quien presida el Tribunal debe adoptar una actitud neutra respecto de las posiciones de las partes en el proceso, “como un tercero ajeno a los intereses que cada uno de los intervinientes defiende, situándose por encima de las partes acusadoras e imputadas“ (STC 130/2002 de 3 de junio).

En este sentido, las STC 229/2003 y la STC 334/2005 indicaron que “el límite a esta actuación del Presidente del Tribunal venía establecido por la exigencia de que la formulación de preguntas no fuera una manifestación de una actividad inquisitiva encubierta, sustituyendo a la acusación, o una toma de partido a favor de las tesis de ésta“.

Pero neutralidad no equivale a pasividad, por lo que el Juzgador puede, y debe, desempeñar funciones de ordenación del proceso, dirigiendo los debates y cuidando de evitar las discusiones impertinentes y que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad (artículo 683 LECRIM), actuando de garante de la equidad, el juego limpio y la buena fe entre las partes, evitando durante los interrogatorios las preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes (artículos 709 y 850 4º LECRIM).

Asimismo, el Presidente podrá dirigir a los testigos preguntas que estime necesarias para depurar los hechos sobre los que declaren (artículos 708 LECRIM), pudiendo solicitarse tales aclaraciones directamente a los acusados (STS 780/2006, de 3 de julio), pero siempre con moderación y prudencia para evitar una actividad inquisitiva encubierta (STS 538/2008, de 1 de septiembre o STS 31/2011, de 2 de febrero).

En definitiva, el órgano jurisdiccional tiene otorgada una cierta iniciativa probatoria, siempre que la misma esté ceñida a los hechos objeto de la causa y que se respeten convenientemente los derechos de contradicción y de defensa de todas las partes implicadas en el proceso.

En el ámbito procesal, en el caso que el Magistrado o Juez se exceda en sus competencias es necesario que el letrado formule protesta en el acto del juicio a las preguntas formuladas, tal y como señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de  Burgos nº 517/12 de 26 de noviembre, pues de lo contrario el recurso deberá ser desestimado. Así mismo, prosigue, en caso de existir una evidente falta de imparcialidad se puede hacer uso de la recusación de dicho Juez o Magistrado.

El derecho a la última palabra

El derecho a la última palabra

El derecho a la última palabra (artículo 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), es una manifestación absoluta del derecho de defensa. Otorga al acusado la oportunidad de someter a contraste todo el proceso probatorio, añadir lo que estime oportuno para su mejor defensa, y facilitar la explicación que considere más ajustada a sus pretensiones, con una perspectiva mucho más amplia que aquella de la que pudo disponer en el momento de su interrogatorio.

Por ello tal intervención se produce después de haberse desarrollado todo el juicio oral.

Tal y como señala el Tribunal Supremo: “se trata de que lo último que oiga el órgano judicial antes de dictar sentencia y tras la celebración del juicio oral, sean precisamente las manifestaciones del propio acusado, que en ese momento asume personalmente su defensa (según doctrina del Tribunal Constitucional)”.

Tal derecho constituye un derecho fundamental, por lo que se ha considerado un trámite esencial del procedimiento, cuya omisión produce indefensión y con ello la nulidad del mismo.

Ahora bien, tal y como establece la reciente Sentencia del Tribunal Supremo nº 282/2020 de 4 de junio, ello no excluye que pueda ser limitado cuando el acusado incurre en excesos.

En este caso específico, el juez advirtió al acusado de que la lectura (por parte del acusado) de una resolución judicial no constituye derecho a la última palabra, sino defensa técnica, por lo que no es determinante de indefensión. Por contra, cuando el inculpado es expulsado de la sala por la policía de vista, sí debe dársele la oportunidad de ejercer su derecho a la última palabra, con independencia de que lo ejerza o no, pues es posible renunciar a tal derecho y ello no ocasiona en modo alguno indefensión.

¿Se pueden aportar grabaciones realizadas por un comercio en un procedimiento penal?

¿Se pueden aportar grabaciones realizadas por un comercio en un procedimiento penal?

El Tribunal Supremo, en su sentencia nº 649/2019, de 20 de diciembre, establece que, dentro del procedimiento penal, las grabaciones aportadas por particulares, por ejemplo de un comercio, pueden considerarse como una prueba documental. Para ello deberán cumplir una serie de requisitos:

 1.) Que no vulneren derechos fundamentales. Entre ellos, el derecho a la intimidad o a la dignidad de la persona.

 2.) Que las grabaciones se hayan obtenido en espacios, lugares o locales libres y públicos. Dentro de estos lugares, no serán válidas las grabaciones obtenidas en  espacios considerados privados, como podrían ser aseos o vestuarios.

En el caso aquí juzgado, el recurrente planteaba la cuestión de vulneración de su derecho a la intimidad y a la propia imagen, al ser grabado por los sistemas de videovigilancia en el interior y exterior de la joyería, los cuales, habían captado imágenes sobre su conducta, los días anteriores y posteriores a los hechos enjuiciados. Estas grabaciones no solo abarcan el espacio inmediatamente exterior de los establecimientos, sino que también grabaron a los viandantes, por lo que el demandante plantea, además, la vulneración del derecho a la intimidad y la propia imagen de los mismos.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha avalado la posibilidad de instalación de las cámaras de seguridad y vigilancia en comercios que den lo indispensable en el arco de la seguridad de acceso al comercio, puesto que la finalidad de la videovigilancia consiste, precisamente, en garantizar la seguridad de personas, bienes e instalaciones, por lo que el interés público legitima dicho tratamiento y su aportación en un procedimiento penal.

Así, pese a que, en ocasiones puedan desarrollarse actividades privadas en una vía pública, se ha declarado que cuando la grabación afecta solo a “espacios abiertos y de uso público“, no precisa autorización judicial previa.

En definitiva, nada obsta a que un establecimiento privado decida dotar sus instalaciones con mecanismos de captación de imágenes, por su propia seguridad y en prevención de sucesos que atenten contra la seguridad de personas o bienes, siempre que las videocámaras se encuentren en zonas comunes, excluyendo aquellos espacios en que se desarrolla la intimidad, como pueden ser los aseos.