LA TRASMISIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR

LA TRASMISIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR

Claves e instituciones jurídicas 

Una preocupación clave de las empresas familiares es cómo organizar la transmisión de la empresa cuando llega el momento en el que es necesario que una nueva generación tome el relevo a la anterior en el desarrollo de la actividad empresarial propia de la familia, y cómo asegurar su continuidad. 

No es preocupación baladí ya que, a pesar de que la aplastante mayoría de las empresas españolas son PYMES familiares de pequeño o mediano tamaño, la proporción de empresas que consiguen sobrevivir más allá de la primera generación es mínima, pasando de la primera generación no más del 15% de ellas. Para tratar de organizar este aspecto clave, nuestro ordenamiento nos ofrece varias herramientas que detallamos a continuación: 

La transmisión puede darse bien por donación o bien por sucesión, dependiendo de si ésta se produce mientras los fundadores o empresarios siguen al frente del negocio, o una vez estos ya no lo están, y esto independientemente de las decisiones que se tomen con respecto al gobierno corporativo, ya que existen formulas mixtas para que la dirección se transfiera de una forma paulatina. 

En el primer caso, donación, se podrá trasmitir bien la empresa entera (trasmitiendo la totalidad de las participaciones) o también puede ser que lo que se done sea la totalidad o parte de los activos de la misma. La decisión dependerá de las circunstancias concretas de la empresa, así como de la forma legal que se haya dado y demás características. En el segundo supuesto, será en el testamento donde se plasme la transmisión, pudiendo otorgar a una o a varias personas ciertos valores haciendo uso de las instituciones de herederos y legatarios para la determinación de la porción de cada cual, siempre respetando las legítimas y demás disposiciones legales. 

Además, se podrá tener en cuenta la posibilidad que ofrecen los protocolos familiares. Este mecanismo se define como “aquel conjunto de pactos suscritos por los socios entre sí o con terceros con los que guarden vínculos familiares que afectan a una sociedad no cotizada, en la que tengan un interés común en orden a lograr un modelo de comunicación y consenso en la toma de decisiones para regular las relaciones entre familia, propiedad y empresa que afectan a la entidad”. 

A pesar de esta sencilla definición, la realidad es que los protocolos pueden ser de tipología muy variada y tener diversos niveles de eficacia. En cualquier caso, se trata de un mecanismo para otorgar seguridad a las relaciones entre la familia y la empresa de la familia empresaria, ofreciendo una suerte de “traje a medida” que deberá coordinarse con los estatutos sociales y otras disposiciones que puedan afectar a su efectividad, como pueden ser las testamentarias o las capitulaciones matrimoniales de los integrantes de la familia empresaria. 

Igualmente determinante para la organización de la sucesión de la empresa familiar será realizar un análisis pormenorizado de las implicaciones fiscales y coste de cualquier decisión, así como una minuciosa planificación y estudio de las circunstancias concretas tanto de la familia como de la empresa, teniendo en cuenta la cultura de esta y los deseos de los miembros que componen la familia empresaria. 

En Iberum Abogados somos especialistas en el diseño de la estrategia, la gestión y ejecución de transmisiones empresariales, contando con los mayores especialistas en las áreas del derecho implicadas (civil, fiscal y mercantil).

Tacuara CASARES MARTÍN

PAGO SOBREVENIDO  DEL PRESTAMO HIPOTECARIO CON CARGO AL SEGURO  DE VIDA

PAGO SOBREVENIDO DEL PRESTAMO HIPOTECARIO CON CARGO AL SEGURO DE VIDA

Probablemente recuerdan que con ocasión de contratar la hipoteca de su casa el Banco les exigió, bajo sutil forma de sugerencia y/o conveniencia deseable, la suscripción añadida de un seguro de vida que cubriere el importe del capital prestado caso de que por ejemplo el prestatario falleciere y/o sufriere un accidente y/o enfermedad incapacitante que le impidiere trabajar y seguir generando ingresos con que pagar la hipoteca, derivándole, además, con una aseguradora del grupo o colaboradora de dicha entidad bancaria para formalizar la póliza de seguro en la que se designaba además al propio Banco como beneficiario de dicho seguro de vida. 

Tal escenario previsor se topa sin embargo con la desagradable sorpresa, por desgracia no infrecuente, de que el propio Banco que tutelaba y aseguraba la protección del prestatario con ocasión de contratar la hipoteca decide sin embargo optar por no reclamar el pago de la indemnización a la aseguradora, exigiendo el pago del capital pendiente a los herederos del prestatario, o a éste mismo en los casos de incapacidad cubierta por el seguro, dejando a éstos en una situación de completo y reprobable desamparo, pues a pesar de haber suscrito un seguro de vida en la creencia de que les protegería de la obligación de devolver la hipoteca si se producía el siniestro asegurado, observan inexplicablemente cómo el Banco les sigue reclamando el pago de la deuda en lugar de dirigirse directamente a cobrar el importe del préstamo del seguro. 

Ante tal realidad sangrante, el Tribunal Supremo en jurisprudencia consolidada (sentencia 37/2019 de 21 de enero, Rec 3537/2015, sentencia 528/2018, de 26 de septiembre, Rec 1794/2015, etc) ha reconocido que el prestatario -o sus herederos, en su caso- tienen plena legitimación activa y se encuentran en disposición de reclamar a la aseguradora el abono al Banco del capital pendiente de amortización, de la hipoteca; sino que además sienta una exigente línea jurisprudencial pro asegurado en relación a los requisitos que han de cumplir los cuestionarios de salud suscritos con ocasión de la firma del seguro de vida para que la aseguradora se pudiere liberar o exonerar del pago de la prestación reclamada (es decir: del abono de la deuda de la hipoteca al momento de acaecer el fallecimiento o la declaración de incapacidad del prestatario que suscribió el préstamo hipotecario) pues las imprecisiones o ambigüedades derivadas de los cuestionarios de salud habrán de ser soportados en su perjuicio siempre por las propias aseguradoras, no debiendo impedir en cambio el éxito de la acción judicial de cobro del seguro que, para amortización de la hipoteca debida, entablaren el prestatario y/o sus heredero.

Si éste o similar fuere su caso o el de un familiar o conocido, desde IBERUM ABOGADOS ofrecer nuestro asesoramiento y servicio.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES SOCIALES

LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES SOCIALES

¿Qué acciones puedo ejercitar contra el administrador de una sociedad?

La Ley de Sociedades de Capital señala tres posibles acciones para exigir la responsabilidad de los administradores societarios: la acción social, la acción individual y la acción de responsabilidad solidaria por deudas sociales

El plazo de prescripción de todas ellas es de cuatro años, con la diferencia de que para las dos primeras empieza a correr el plazo desde el «día en el que pudo ejercitarse la acción», mientras que el término para la última da comienzo desde el cese del administrador. 

LA ACCIÓN SOCIAL

Tiene como finalidad reparar el daño que hubiera sufrido el patrimonio de la sociedad. La legitimación para su interposición le corresponde a la propia sociedad y, en el caso de que su ejercicio no se apruebe en junta general, tendrán legitimación una minoría de socios (que de forma individual o conjunta ostenten al menos el 5 % del capital social para las sociedades no cotizadas) y, subsidiariamente, los acreedores perjudicados. 

En el caso de que esta resulte exitosa, será la sociedad la que reciba el importe de los daños en su haber social, sin perjuicio de que posteriormente esta abone el crédito al acreedor que hubiera ejercido la acción si fuera el caso. 

Los presupuestos para la acción son:

  • Que los administradores hubieran llevado a cabo una acción u omisión antijurídica.

(Por antijurídica debe entenderse cualquier actuación contraria a la ley, a los estatutos o que se hubiera llevado a cabo incumpliendo los deberes inherentes a su cargo). 

  • Que la conducta antijurídica se haya producido en el desempeño del cargo. 
  • La existencia de un daño en el patrimonio social evaluable económicamente. 
  • Relación de causalidad entre la acción u omisión del administrador y la existencia del daño en la sociedad.
  • El ejercicio de esta acción requiere del previo acuerdo de junta general de los socios accionistas, adoptado por mayoría ordinaria y a solicitud de cualquier socio, incluso en el caso de que este punto no constara en el orden del día. 

LA ACCIÓN INDIVIDUAL

Tiene por finalidad proteger al socio o tercero que ha sufrido el daño a consecuencia de la actuación del administrador y que resulta lesivo para sus intereses. 

Los presupuestos necesarios para que opere esta acción son los siguientes: 

  • Acción u omisión antijurídica realizada por los administradores en su condición de tales, siempre que pueda acreditarse su culpa.
  • Existencia de un daño evaluable económicamente en el perjudicado. 
  • Relación de causalidad entre la acción u omisión y la existencia del daño. 

LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR DEUDAS SOCIALES 

Protege exclusivamente a los acreedores, y solamente para el caso de que pueda imputarse responsabilidad a los administradores por incumplimiento de los deberes disolutorios. 

A diferencia de las anteriores, se trata de un régimen de responsabilidad objetivo, ya que no se exige acreditar la culpa del administrador, sino únicamente su incumplimiento, siempre que no concurran causas eximentes. Además, restringe su aplicación a la reclamación de deudas nacidas posteriormente a la causa de disolución. 

Sus presupuestos son:

  • La existencia de una causa de disolución.
  • Conducta omisiva del administrador, que incumple con el deber de convocar la junta general de socios dentro del plazo de dos meses desde la aparición de la causa de disolución. 
  • La existencia de un crédito contra la sociedad. 

Debe destacarse la peculiaridad de que al tratarse de una responsabilidad de carácter objetivo, no se exige una relación de causalidad entre la omisión y el daño. 

CONSECUENCIAS

A la luz de lo expuesto, tanto si usted resulta ser un socio que sospecha de la gestión que se está haciendo de la sociedad de la que forma parte como si es usted administrador de una mercantil y quiere conocer los riesgos a los que se expone y las obligaciones legales que la ley le impone, será necesario advertir que el incumplimiento de las obligaciones propias del cargo puede tener como consecuencia el nacimiento de responsabilidades, como una indemnización por daños y perjuicios (a la que se deberá hacer frente con todos sus bienes presentes y futuros), la inhabilitación para administrar sociedades por un periodo de entre dos y quince años o incluso la aparición de responsabilidades penales.

Tacuara CASARES MARTÍN

¿SE TIENE DERECHO A COBRAR LA JUBILACIÓN ESTANDO DE ALTA COMO AUTÓNOMA SOCIETARIA?

¿SE TIENE DERECHO A COBRAR LA JUBILACIÓN ESTANDO DE ALTA COMO AUTÓNOMA SOCIETARIA?

IBERUM ABOGADOS CONSIGUE QUE SE DECLARE EL DERECHO A LA PENSIÓN DE LA JUBILACIÓN COMPATIBLE CON LA COTIZACIÓN DE AUTÓNOMO SOCIETARIO

Doña P. R. llevaba trabajando toda la vida por cuenta ajena, siendo, además, la administradora de una empresa familiar. En este caso, la ley exige estar dado de alta como autónomo, con independencia de que no se obtenga ingreso alguno por el cargo, como ocurría en este caso. La sorpresa llegó cuando en el momento de jubilarse, y tras más de treinta años cotizados, el Instituto Nacional de Seguridad Social denegó a P. R. la pensión de jubilación, precisamente por estar dada de alta como autónoma societaria —recordemos, por imperativo legal y sin percibir suma alguna. 

Con la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 6 de Granada, Iberum Abogados consigue que se establezca un importante precedente: se confirma que una persona puede compatibilizar la pensión de jubilación, siempre que tenga derecho a ella y le corresponda por haber cotizado el número de años correspondiente, con la obligación legal de seguir dada de alta como autónoma societaria por tener el cargo de administradora de una empresa. Es decir, se puede cobrar la jubilación, aun cuando, por ley, se tenga que seguir cotizando como autónoma societaria.

El origen del conflicto radica en una normativa laboral que, como regla general, impide recibir la pensión de jubilación mientras dicha persona esté dada de alta, ya sea por cuenta ajena o en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA). Por otro lado, la legislación mercantil exige que el administrador de una sociedad, con independencia de sus funciones o responsabilidades en la empresa, debe estar dado de alta como autónomo societario y cotizar por ello.

Ante dicha situación, que no está plenamente resuelta por la jurisprudencia, el Instituto Nacional de la Seguridad Social viene denegando de manera sistemática la pensión de jubilación, reclamando la devolución, con intereses, a aquellos implicados que hubieran percibido alguna cantidad.

Esta revolucionaria resolución se basa, entre otras cuestiones, en la reciente sentencia del Tribunal Supremo del 23 de julio de 2021. El Alto Tribunal resolvió el recurso de casación, que tenía por objeto la unificación de doctrina sobre este polémico asunto, estableciendo que la administradora de una sociedad —sin opción de seguir siéndolo y sin retribución alguna por ese desempeño—, pese a estar dada de alta en la Seguridad Social por imperativo legal, tiene derecho a la percepción —parcial, eso sí— de su pensión de jubilación. 

De este modo, los tribunales españoles siguen la recomendación efectuada por la normativa europea, que insta a los países miembros a posibilitar que las personas en esta situación puedan continuar una actividad profesional promoviendo así una suerte de jubilación activa. 

La más reciente jurisprudencia nacional y las recomendaciones europeas sobre este asunto son especialmente relevantes para las pequeñas y medianas empresas, pues posibilita a los autónomos societarios compatibilizar sus labores como administradores con la pensión de jubilación, lo cual tendrá un beneficioso impacto económico en los emprendedores de mayor edad.

COMPRAVENTA DE EMPRESAS

COMPRAVENTA DE EMPRESAS

En los últimos años, las transacciones de compraventa de empresas requieren un especial asesoramiento debido a la complejidad fiscal y las implicaciones regulatorias. En esencia, la compraventa de una empresa puede llevarse a cabo a través de la compra de las participaciones o acciones o mediante la compra de los activos de la empresa. Si bien el fin es el mismo, el régimen jurídico y fiscal aplicable a cada una de ellas es diferente, por lo que dependiendo del caso será más conveniente optar por una o por otra vía. 

1) En la compraventa de acciones o participaciones se toma la totalidad de dichas partes de la sociedad y, consecuentemente, se transmite la totalidad de sus activos y pasivos.

La principal ventaja de esta operación es que se adquieren de forma global los activos y pasivos de la empresa, sin necesidad de que sus acreedores den su consentimiento, como exige el artículo 1205 del CC, ya que la sociedad mantiene respecto a esta idéntica posición en lo que a sus derechos de crédito se refiere.

Sin embargo, puede ocurrir que alguno o algunos de los contratos suscritos incluyan cláusulas de control, lo que implica que pueden quedar resueltos en caso de un cambio de control de la compañía si la otra parte no da su consentimiento. Para evitar estas complicaciones, se opta por una Due Diligence, con el objeto de identificar los posibles riesgos y eventualidades de la operación y, como consecuencia, adoptar las medidas oportunas, antes de su ejecución. 

Con respecto a la responsabilidad de los vendedores, se limita al objeto del contrato, es decir, a las participaciones o acciones que se transmiten, por lo que puede ser recomendable incluir el régimen de responsabilidad aplicable respecto a vicisitudes que puedan surgir, así como garantías para su cubrimiento. 

2) La segunda posibilidad para la transmisión de una sociedad sería la compraventa de activos de forma individual. En este caso, debe tenerse en cuenta el régimen específico de transmisión de cada bien. 

Este método tiene la ventaja de que permite seleccionar activos y además quedarán limitados los vicios ocultos, sobre todo en materia laboral y fiscal. Sin embargo, existen importantes desventajas; la principal es la necesidad de consentimiento de los terceros cuyos contratos van a ser objeto de cesión. 

En todo caso, el régimen de responsabilidad varía de un proceso a otro, por lo que será necesario analizar las características concretas de cada caso, considerando los condicionantes y consecuencias legales de uno y otro proceso. En IBERUM ABOGADOS somos expertos en la compraventa de empresas con una dilatada experiencia en pymes y grandes empresas. 

Tacuara Casares Martín