¿SE TIENE DERECHO A COBRAR LA JUBILACIÓN ESTANDO DE ALTA COMO AUTÓNOMA SOCIETARIA?

¿SE TIENE DERECHO A COBRAR LA JUBILACIÓN ESTANDO DE ALTA COMO AUTÓNOMA SOCIETARIA?

IBERUM ABOGADOS CONSIGUE QUE SE DECLARE EL DERECHO A LA PENSIÓN DE LA JUBILACIÓN COMPATIBLE CON LA COTIZACIÓN DE AUTÓNOMO SOCIETARIO

Doña P. R. llevaba trabajando toda la vida por cuenta ajena, siendo, además, la administradora de una empresa familiar. En este caso, la ley exige estar dado de alta como autónomo, con independencia de que no se obtenga ingreso alguno por el cargo, como ocurría en este caso. La sorpresa llegó cuando en el momento de jubilarse, y tras más de treinta años cotizados, el Instituto Nacional de Seguridad Social denegó a P. R. la pensión de jubilación, precisamente por estar dada de alta como autónoma societaria —recordemos, por imperativo legal y sin percibir suma alguna. 

Con la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 6 de Granada, Iberum Abogados consigue que se establezca un importante precedente: se confirma que una persona puede compatibilizar la pensión de jubilación, siempre que tenga derecho a ella y le corresponda por haber cotizado el número de años correspondiente, con la obligación legal de seguir dada de alta como autónoma societaria por tener el cargo de administradora de una empresa. Es decir, se puede cobrar la jubilación, aun cuando, por ley, se tenga que seguir cotizando como autónoma societaria.

El origen del conflicto radica en una normativa laboral que, como regla general, impide recibir la pensión de jubilación mientras dicha persona esté dada de alta, ya sea por cuenta ajena o en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA). Por otro lado, la legislación mercantil exige que el administrador de una sociedad, con independencia de sus funciones o responsabilidades en la empresa, debe estar dado de alta como autónomo societario y cotizar por ello.

Ante dicha situación, que no está plenamente resuelta por la jurisprudencia, el Instituto Nacional de la Seguridad Social viene denegando de manera sistemática la pensión de jubilación, reclamando la devolución, con intereses, a aquellos implicados que hubieran percibido alguna cantidad.

Esta revolucionaria resolución se basa, entre otras cuestiones, en la reciente sentencia del Tribunal Supremo del 23 de julio de 2021. El Alto Tribunal resolvió el recurso de casación, que tenía por objeto la unificación de doctrina sobre este polémico asunto, estableciendo que la administradora de una sociedad —sin opción de seguir siéndolo y sin retribución alguna por ese desempeño—, pese a estar dada de alta en la Seguridad Social por imperativo legal, tiene derecho a la percepción —parcial, eso sí— de su pensión de jubilación. 

De este modo, los tribunales españoles siguen la recomendación efectuada por la normativa europea, que insta a los países miembros a posibilitar que las personas en esta situación puedan continuar una actividad profesional promoviendo así una suerte de jubilación activa. 

La más reciente jurisprudencia nacional y las recomendaciones europeas sobre este asunto son especialmente relevantes para las pequeñas y medianas empresas, pues posibilita a los autónomos societarios compatibilizar sus labores como administradores con la pensión de jubilación, lo cual tendrá un beneficioso impacto económico en los emprendedores de mayor edad.

La voluntariedad de la jubilación

La voluntariedad de la jubilación

La actual regulación de la Ley General de la Seguridad Social supuso un giro radical en el acceso a la jubilación, de tal forma que se configura como un derecho totalmente voluntario (y no una obligación). Es decir, es el trabajador quien decide si se retira y accede a la pensión una vez llegada la edad que lo permite.

En este sentido, la ley prevé unos incentivos dirigidos a fomentar que se siga trabajando después de cumplir la edad ordinaria de jubilación. En particular, cuando se accede a la situación de jubilación a una edad superior a la edad ordinaria de jubilación vigente en cada momento, y siempre que al cumplir esta edad se hubiera reunido el período mínimo de cotización exigido, se reconoce a efectos de la cuantía de la pensión un porcentaje adicional por cada año completo cotizado entre la fecha en que cumplió dicha edad y la de acceso a la pensión.

En cualquier caso, operan algunas excepciones a esta regla general:

Los funcionarios públicos, en general, sí que están obligados a jubilarse forzosamente al cumplir 65 años (salvo excepciones expresamente previstas).  

–Previsión de obligación de jubilación en el Convenio Colectivo: El Real Decreto-Ley 28/2018 ha vuelto a permitir que mediante convenio colectivo se pueda pactar la jubilación obligatoria, si bien esa previsión de los convenios deberá respetar siempre la edad ordinaria de jubilación y deberá estar vinculada a una política de empleo expresamente prevista y dirigida a fomentar la estabilidad y viabilidad de la empresa.

¿Interrumpe el procedimiento penal la prescripción del procedimiento de recargo de prestaciones?

¿Interrumpe el procedimiento penal la prescripción del procedimiento de recargo de prestaciones?

Desde IBERUM Abogados se ha conseguido revocar una resolución de recargo de prestaciones/sanción por accidente laboral grave emitida por el INSS en la que condenaban a una mercantil como consecuencia de un accidente de trabajo.

El recargo de prestaciones es una controvertida figura jurídica que supone el aumento de la cuantía de todas las prestaciones económicas que derivan de un accidente o enfermedad profesional por falta de medidas de seguridad en el trabajo y del que debe hacerse cargo el empresario, lo que supone unas cuantías que muchas empresas no pueden soportar para su supervivencia.

El hecho que motiva dicha sentencia se basa en un accidente ocurrido en el año 2006 en un centro logístico de Jaén en el que concurrían diferentes empresas y en el que un operador se cruzó delante de una máquina de asfaltos siendo aprisionado y sufriendo lesiones graves. Aunque nunca se acreditó incumpliendo por parte de la empresa, el Instituto Nacional de la Seguridad Social dictó resolución en el año 2018 sancionando a la empresa e imponiendo un recargo de prestaciones cuyo abono podría suponer el cierre de la mercantil.  

El procedimiento de recargo quedó suspendido una década en tanto se resolvía el procedimiento penal en el que finalmente en el año 2018 fueron absueltos los responsables de las empresas.

El letrado Ismael Istambul defendió que el procedimiento penal no interrumpía los plazos de prescripción de cinco años del Recargo de Prestaciones por lo que la Resolución era extemporánea. Extremo que fue admitido por el Juzgado y que ha dado lugar a una inédita y trascendental Sentencia en esta controvertida área del derecho.

Así mismo, la Sentencia del Juzgado de lo Social de Jaén, estimó la demanda interpuesta por IBERUM ABOGADOS porque entendía que no quedaron acreditados las faltas de medidas de seguridad en el trabajo.

¿Cotiza el paro a los efectos de la jubilación?

¿Cotiza el paro a los efectos de la jubilación?

La obligación de cotizar en el Régimen General de la Seguridad Social

La obligación de cotizar se mantiene durante el período en que el trabajador se encuentre de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

En este sentido, el deber de cotizar permanece en la situación de incapacidad temporal, cualquiera que sea su causa, en la de maternidad y paternidad, en la de riesgo durante el embarazo y en la de riesgo durante la lactancia natural, así como en las situaciones asimiladas a la de alta.

La situación legal de desempleo es asimilada a la de alta.

¿Quién ingresa las cotizaciones?

Durante el período de percepción de la prestación por desempleo la encargada de ingresar las cotizaciones correspondientes a la Seguridad Social será la entidad gestora, esto es, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), salvo los supuestos de reducción de jornada o de suspensión del contrato de trabajo como veremos más adelante.

El Servicio Público de Empleo Estatal asume la aportación empresarial y descuenta de la cuantía de la prestación la aportación que corresponde al trabajador.

Durante el periodo que el trabajador se encuentre en paro no existe obligación de cotizar por desempleo, accidente de trabajo y enfermedad profesional (contingencias profesionales), Fondo de Garantía Salarial y formación profesional.

Bases de cotización correspondientes

Durante este periodo corresponderá el promedio de la base por la que se ha cotizado por desempleo durante los últimos 180 días en el período de los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar.

En los casos de desempleo parcial o trabajo a tiempo parcial, la base por la que debe cotizarse se reduce en proporción a la disminución de la jornada o de la cuantía de la prestación.

En los supuestos de reducción de jornada o de suspensión del contrato de trabajo, corresponde a la empresa ingresar la aportación correspondiente a la misma, mientras que el SEPE deberá ingresar la aportación del trabajador, siempre y cuando no exista otra norma que exonere total o parcialmente a las empresas de cotizar, como ha sido el caso de los ERTEs derivados del coronavirus COVID-19.

Durante la percepción de la prestación por desempleo por suspensión temporal del contrato de trabajo o por reducción temporal de jornada, la base de cotización será el equivalente al promedio de las bases de los últimos seis meses de ocupación cotizada, por contingencias comunes y por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación legal de cotizar.

Resumen sobre las exoneraciones aplicables a los ERTES

Resumen sobre las exoneraciones aplicables a los ERTES

En el presente post os dejamos el resumen de las exoneraciones en los ERTES de la aportación empresarial a la Seguridad Social, desde Marzo de 2020 hasta el 31 de Mayo de 2021.

Los ERTES por Fuerza Mayor regulados en el RD-Ley 8/2020, de 17 de Marzo, se aplicaban las siguientes exenciones:

  • 100% de la cuota empresarial para empresas con menos de 50 trabajadores
  • 75% de la cuota empresarial para empresas con más de 50 trabajadores

Es en mayo, cuan cambian dichas exoneraciones, dependiendo de si el trabajador seguia con el contrato suspendido en Erte (o reducido) o se incorporaba a trabajar, quedando de la siguiente manera:

Empresas de menos de 50 trabajadores:

  • Trabajadores que volvían al trabajo: Exoneración de 85% en mayo y 70% en junio.
  • Trabajadores que continuaban en el ERTE: Exoneración de 60% en mayo y 45% en junio.

Empresas de más de 50 trabajadores:

  • Trabajadores que volvían al trabajo: Exoneración de 60% en mayo y 45% en junio.
  • Trabajadores que continuaban en el ERTE: Exoneración de 45% en mayo y 30% en junio.

Si la empresa continuaba hasta junio sin incorporar a nadie a trabajar, las exoneraciones hasta el 30 de junio eran las que se aplicaban desde el principio.

En Julio, dichas exoneraciones vuelven a cambiar, quedando así:

Empresas que siguen sin reiniciar la actividad:

  • < de 50 T. (70% julio, 60% agosto, y 35% septiembre)
  • > de 50 T (50% julio, 40% agosto 25% septiembre)

Empresas que reinician la actividad:

  • < de 50 Trabajadores: 60% para los que se reincorporan al trabajo y 35% para los que continúan en ERTE durante los meses de julio, agosto y septiembre
  • > de 50 Trabajadores: 40% para los que se reincorporan al trabajo y 25% para los que continúan en ERTE durante los meses de julio, agosto y septiembre.

Mediante el RD Ley 30/2020 de 29 septiembre, se prorrogan los ERTES automáticamente hasta el 31 de enero de 2021, cambiando la clasificación de los mismos a las siguientes categorías: ERTES de limitación o ERTES de impedimento. Las empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad que tengan expedientes de regulación temporal de empleo prorrogados automáticamente hasta el 31 de enero de 2021, conforme a lo establecido en el del artículo 1, y cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE-09– previstos en el Anexo de la presente norma podrán acceder a las exoneraciones previstas en el presente RD-ley.

Por tanto, a partir de 1 de Octubre de 2020, las exoneraciones son las siguientes:


Erte impedimento (no se puede abrir por las medidas de restricción):

  • Empresas < de 50 Trabajadores: 100% hasta 31 de enero
  • Empresas > de 50 Trabajadores: 90%

Erte limitacion (tienen limitada su actividad, por ejemplo, abrir hasta las 6 de la tade)

  • Empresas de < de 50 Trabajadores , 100% octubre, 90% nov, 85% dic y 80%ene.
  • Empresas de > 50 Trabajadores: 90% octubre, 80% nov, 75% dic, y 70% ene

Las empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura, que se encuentran dentro de la lista de CNAEs del Anexo del RD tienen una exoneración especial del 85% para aquellas con menos de 50 trabajadores y del 75% para las que ocupan a más de 50 trabajadores

Por ultimo, la situación actual hasta el 31 de Mayo de 2021, está regulada en el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, vuelve a prorrogar automaticamente los expedientes de regulacion temporal de empleo regulados por el art. 22 del RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo. Y por tanto, desde el 1 de febrero de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2021, resultarán aplicables a dichos expedientes los siguientes porcentajes de exoneración:

ERTE impedimiento y ERTE limitación:

  • Empresas de < de 50Trabajadores:, 100% febrero, 90% marzo, 85% abril y 80% mayo
  • Empresas de > de 50Trabajadores:, 90% febrero, 80% marzo, 75% abril y 70% mayo.
  • Empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura, que se encuentran dentro de la lista de CNAEs del Anexo del RD: 85% para los de < de 50 T, durante febrero, marzo, abril y mayo y 75% para los de + de 50 T, durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo.
Implicaciones fiscales del teletrabajo para empresas no residentes en España con empleados residentes

Implicaciones fiscales del teletrabajo para empresas no residentes en España con empleados residentes

En el anterior post, explicábamos las consecuencias fiscales y de cotizaciones sociales que puede tener el efectuar el teletrabajo desde fuera de España para empresas españolas. Pero, ¿qué ocurre cuando se efectúa el teletrabajo desde España para empresas extranjeras

Esta situación ha sido analizada por la Dirección General de Tributos (en adelante DGT) en la consulta vinculante V3286 -17. Analiza el caso de una empresa empleadora, residente fiscal en Irlanda, que no ejerce ningún tipo de actividad en España y tampoco dispone de sucursal o establecimiento permanente en territorio español. Los trabajadores trabajan a distancia desde su casa en España.

Los trabajadores, al ser residentes fiscales en España, tributarán aquí por su renta mundial, con independencia del lugar donde se hayan producido las rentas y cualquiera que sea la residencia del pagador de las mismas, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley IRPF. 

Ahora bien, ¿debe practicar retenciones la empresa irlandesa? 

Debemos acudir al Convenio bilateral entre ambos países para evitar la doble imposición y a los acuerdos que lo interpretan. 

Así, de conformidad con el Convenio bilateral  y con el Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE, se establece que las rentas del trabajo dependiente que se realicen desde el domicilio de un trabajador situado en España, aunque los resultados de dicho trabajo sean para una empresa irlandesa y siendo el trabajador considerado residente fiscal en España, solamente tributarán en España.

Por ello, la DGT concluye que no existe obligación de retener por parte de la empresa irlandesa sobre los salarios derivados del teletrabajo, dado que esta no opera en España mediante un establecimiento permanente ni realiza ninguna actividad en España y por tanto no obtiene rentas en este país de las que las retenciones pudieran constituir gasto deducible.

No obstante, en el momento en que pudiera entenderse que la contratación de trabajadores en España, aunque trabajen desde sus casas, determina la existencia de un establecimiento permanente o la realización de una actividad económica en territorio español sin mediación de establecimiento permanente, la empresa irlandesa sí estaría obligada a practicar retenciones por los rendimientos del trabajo satisfechos.

Se entiende que una empresa no residente tiene un establecimiento permanente cuando disponga en España, de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo de cualquier índole, en los que realice toda o parte de su actividad, o siempre que los trabajadores tengan la consideración de agentes autorizados para contratar, en nombre y por cuenta de la empresa.