PAGO SOBREVENIDO  DEL PRESTAMO HIPOTECARIO CON CARGO AL SEGURO  DE VIDA

PAGO SOBREVENIDO DEL PRESTAMO HIPOTECARIO CON CARGO AL SEGURO DE VIDA

Probablemente recuerdan que con ocasión de contratar la hipoteca de su casa el Banco les exigió, bajo sutil forma de sugerencia y/o conveniencia deseable, la suscripción añadida de un seguro de vida que cubriere el importe del capital prestado caso de que por ejemplo el prestatario falleciere y/o sufriere un accidente y/o enfermedad incapacitante que le impidiere trabajar y seguir generando ingresos con que pagar la hipoteca, derivándole, además, con una aseguradora del grupo o colaboradora de dicha entidad bancaria para formalizar la póliza de seguro en la que se designaba además al propio Banco como beneficiario de dicho seguro de vida. 

Tal escenario previsor se topa sin embargo con la desagradable sorpresa, por desgracia no infrecuente, de que el propio Banco que tutelaba y aseguraba la protección del prestatario con ocasión de contratar la hipoteca decide sin embargo optar por no reclamar el pago de la indemnización a la aseguradora, exigiendo el pago del capital pendiente a los herederos del prestatario, o a éste mismo en los casos de incapacidad cubierta por el seguro, dejando a éstos en una situación de completo y reprobable desamparo, pues a pesar de haber suscrito un seguro de vida en la creencia de que les protegería de la obligación de devolver la hipoteca si se producía el siniestro asegurado, observan inexplicablemente cómo el Banco les sigue reclamando el pago de la deuda en lugar de dirigirse directamente a cobrar el importe del préstamo del seguro. 

Ante tal realidad sangrante, el Tribunal Supremo en jurisprudencia consolidada (sentencia 37/2019 de 21 de enero, Rec 3537/2015, sentencia 528/2018, de 26 de septiembre, Rec 1794/2015, etc) ha reconocido que el prestatario -o sus herederos, en su caso- tienen plena legitimación activa y se encuentran en disposición de reclamar a la aseguradora el abono al Banco del capital pendiente de amortización, de la hipoteca; sino que además sienta una exigente línea jurisprudencial pro asegurado en relación a los requisitos que han de cumplir los cuestionarios de salud suscritos con ocasión de la firma del seguro de vida para que la aseguradora se pudiere liberar o exonerar del pago de la prestación reclamada (es decir: del abono de la deuda de la hipoteca al momento de acaecer el fallecimiento o la declaración de incapacidad del prestatario que suscribió el préstamo hipotecario) pues las imprecisiones o ambigüedades derivadas de los cuestionarios de salud habrán de ser soportados en su perjuicio siempre por las propias aseguradoras, no debiendo impedir en cambio el éxito de la acción judicial de cobro del seguro que, para amortización de la hipoteca debida, entablaren el prestatario y/o sus heredero.

Si éste o similar fuere su caso o el de un familiar o conocido, desde IBERUM ABOGADOS ofrecer nuestro asesoramiento y servicio.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES SOCIALES

LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES SOCIALES

¿Qué acciones puedo ejercitar contra el administrador de una sociedad?

La Ley de Sociedades de Capital señala tres posibles acciones para exigir la responsabilidad de los administradores societarios: la acción social, la acción individual y la acción de responsabilidad solidaria por deudas sociales

El plazo de prescripción de todas ellas es de cuatro años, con la diferencia de que para las dos primeras empieza a correr el plazo desde el «día en el que pudo ejercitarse la acción», mientras que el término para la última da comienzo desde el cese del administrador. 

LA ACCIÓN SOCIAL

Tiene como finalidad reparar el daño que hubiera sufrido el patrimonio de la sociedad. La legitimación para su interposición le corresponde a la propia sociedad y, en el caso de que su ejercicio no se apruebe en junta general, tendrán legitimación una minoría de socios (que de forma individual o conjunta ostenten al menos el 5 % del capital social para las sociedades no cotizadas) y, subsidiariamente, los acreedores perjudicados. 

En el caso de que esta resulte exitosa, será la sociedad la que reciba el importe de los daños en su haber social, sin perjuicio de que posteriormente esta abone el crédito al acreedor que hubiera ejercido la acción si fuera el caso. 

Los presupuestos para la acción son:

  • Que los administradores hubieran llevado a cabo una acción u omisión antijurídica.

(Por antijurídica debe entenderse cualquier actuación contraria a la ley, a los estatutos o que se hubiera llevado a cabo incumpliendo los deberes inherentes a su cargo). 

  • Que la conducta antijurídica se haya producido en el desempeño del cargo. 
  • La existencia de un daño en el patrimonio social evaluable económicamente. 
  • Relación de causalidad entre la acción u omisión del administrador y la existencia del daño en la sociedad.
  • El ejercicio de esta acción requiere del previo acuerdo de junta general de los socios accionistas, adoptado por mayoría ordinaria y a solicitud de cualquier socio, incluso en el caso de que este punto no constara en el orden del día. 

LA ACCIÓN INDIVIDUAL

Tiene por finalidad proteger al socio o tercero que ha sufrido el daño a consecuencia de la actuación del administrador y que resulta lesivo para sus intereses. 

Los presupuestos necesarios para que opere esta acción son los siguientes: 

  • Acción u omisión antijurídica realizada por los administradores en su condición de tales, siempre que pueda acreditarse su culpa.
  • Existencia de un daño evaluable económicamente en el perjudicado. 
  • Relación de causalidad entre la acción u omisión y la existencia del daño. 

LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR DEUDAS SOCIALES 

Protege exclusivamente a los acreedores, y solamente para el caso de que pueda imputarse responsabilidad a los administradores por incumplimiento de los deberes disolutorios. 

A diferencia de las anteriores, se trata de un régimen de responsabilidad objetivo, ya que no se exige acreditar la culpa del administrador, sino únicamente su incumplimiento, siempre que no concurran causas eximentes. Además, restringe su aplicación a la reclamación de deudas nacidas posteriormente a la causa de disolución. 

Sus presupuestos son:

  • La existencia de una causa de disolución.
  • Conducta omisiva del administrador, que incumple con el deber de convocar la junta general de socios dentro del plazo de dos meses desde la aparición de la causa de disolución. 
  • La existencia de un crédito contra la sociedad. 

Debe destacarse la peculiaridad de que al tratarse de una responsabilidad de carácter objetivo, no se exige una relación de causalidad entre la omisión y el daño. 

CONSECUENCIAS

A la luz de lo expuesto, tanto si usted resulta ser un socio que sospecha de la gestión que se está haciendo de la sociedad de la que forma parte como si es usted administrador de una mercantil y quiere conocer los riesgos a los que se expone y las obligaciones legales que la ley le impone, será necesario advertir que el incumplimiento de las obligaciones propias del cargo puede tener como consecuencia el nacimiento de responsabilidades, como una indemnización por daños y perjuicios (a la que se deberá hacer frente con todos sus bienes presentes y futuros), la inhabilitación para administrar sociedades por un periodo de entre dos y quince años o incluso la aparición de responsabilidades penales.

Tacuara CASARES MARTÍN

¿SE TIENE DERECHO A COBRAR LA JUBILACIÓN ESTANDO DE ALTA COMO AUTÓNOMA SOCIETARIA?

¿SE TIENE DERECHO A COBRAR LA JUBILACIÓN ESTANDO DE ALTA COMO AUTÓNOMA SOCIETARIA?

IBERUM ABOGADOS CONSIGUE QUE SE DECLARE EL DERECHO A LA PENSIÓN DE LA JUBILACIÓN COMPATIBLE CON LA COTIZACIÓN DE AUTÓNOMO SOCIETARIO

Doña P. R. llevaba trabajando toda la vida por cuenta ajena, siendo, además, la administradora de una empresa familiar. En este caso, la ley exige estar dado de alta como autónomo, con independencia de que no se obtenga ingreso alguno por el cargo, como ocurría en este caso. La sorpresa llegó cuando en el momento de jubilarse, y tras más de treinta años cotizados, el Instituto Nacional de Seguridad Social denegó a P. R. la pensión de jubilación, precisamente por estar dada de alta como autónoma societaria —recordemos, por imperativo legal y sin percibir suma alguna. 

Con la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 6 de Granada, Iberum Abogados consigue que se establezca un importante precedente: se confirma que una persona puede compatibilizar la pensión de jubilación, siempre que tenga derecho a ella y le corresponda por haber cotizado el número de años correspondiente, con la obligación legal de seguir dada de alta como autónoma societaria por tener el cargo de administradora de una empresa. Es decir, se puede cobrar la jubilación, aun cuando, por ley, se tenga que seguir cotizando como autónoma societaria.

El origen del conflicto radica en una normativa laboral que, como regla general, impide recibir la pensión de jubilación mientras dicha persona esté dada de alta, ya sea por cuenta ajena o en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA). Por otro lado, la legislación mercantil exige que el administrador de una sociedad, con independencia de sus funciones o responsabilidades en la empresa, debe estar dado de alta como autónomo societario y cotizar por ello.

Ante dicha situación, que no está plenamente resuelta por la jurisprudencia, el Instituto Nacional de la Seguridad Social viene denegando de manera sistemática la pensión de jubilación, reclamando la devolución, con intereses, a aquellos implicados que hubieran percibido alguna cantidad.

Esta revolucionaria resolución se basa, entre otras cuestiones, en la reciente sentencia del Tribunal Supremo del 23 de julio de 2021. El Alto Tribunal resolvió el recurso de casación, que tenía por objeto la unificación de doctrina sobre este polémico asunto, estableciendo que la administradora de una sociedad —sin opción de seguir siéndolo y sin retribución alguna por ese desempeño—, pese a estar dada de alta en la Seguridad Social por imperativo legal, tiene derecho a la percepción —parcial, eso sí— de su pensión de jubilación. 

De este modo, los tribunales españoles siguen la recomendación efectuada por la normativa europea, que insta a los países miembros a posibilitar que las personas en esta situación puedan continuar una actividad profesional promoviendo así una suerte de jubilación activa. 

La más reciente jurisprudencia nacional y las recomendaciones europeas sobre este asunto son especialmente relevantes para las pequeñas y medianas empresas, pues posibilita a los autónomos societarios compatibilizar sus labores como administradores con la pensión de jubilación, lo cual tendrá un beneficioso impacto económico en los emprendedores de mayor edad.

LA FASE DE EVALÚO EN LA PARTICIÓN DE LA HERENCIA JUDICIAL

LA FASE DE EVALÚO EN LA PARTICIÓN DE LA HERENCIA JUDICIAL

¿En qué consiste el evalúo de la herencia?

Tras la concreción del inventario y la determinación de los bienes de la herencia, debe iniciarse la importante y no siempre sencilla fase de evalúo. Tiene por objeto la asignación de un valor económico a los bienes que componen la herencia, siendo la segunda de las fases del proceso hereditario. Después, se procederá a su reparto y adjudicación. 

Esta asignación o tasación podrá realizarse por el que lleve a cabo la partición o bien por peritos tasadores o entidades especializadas. Con carácter general se tomará el valor de mercado de los bienes que forman parte de la masa hereditaria. 

Actualmente, no se discute cuál es el momento que debe tenerse en cuenta para realizar la valoración de los bienesque forman parte del inventario, ya que es el de la partición y no el del fallecimiento del causante. Esto encuentra su razón de ser en que el proceso hereditario puede dilatarse en el tiempo y, durante ese periodo, el valor de los bienes puede sufrir importantes modificaciones. 

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo número 604/2009, de 17 de septiembre, señala que “… la fecha en que se hace la valoración debe ser la de la partición y consiguiente adjudicación, no en fecha anterior…”. 

Así se encuentra regulado en el Código Civil, que en su artículo 1045 establece que “No deberán traerse a colación y partición las mismas cosas donadas, sino su valor al tiempo en que se evalúen los bienes hereditarios. El aumento o deterioro físico posterior a la donación y aun su perdida total, causal o culpable, será a cargo y riesgo del donatario”. Incluso permite el artículo 1074 CC la rescisión de las particiones cuando los bienes hubieran sufrido lesiones por valor superior a la cuarta parte de estos tomando como referencia el momento en el cual hubieran sido adjudicados. 

En definitiva, existe consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre las que destaca la Sentencia 954/2005, de 14 de diciembre, que sostiene que la valoración de los bienes que forman parte de la operación particional debe referirse al momento de la liquidación. Del mismo modo, la Sentencia 750/2005, de 21 de octubre, argumenta que se debe “… aproximar el momento de valoración al de la liquidación y pago, para expresarlo en unidades monetarias de tal momento”.

En otro orden, siempre se recomienda consensuar entre los herederos los bienes cuyo valor no se discute y, así, dejar en exclusiva a criterio del perito tasador los controvertidos, con lo que se evitan nuevos gastosEn Iberum Abogados somos expertos en herencias, con una dilatada experiencia en procesos hereditarios, tanto judiciales como extrajudiciales. 

Tacuara Casares Martín

COMPRAVENTA DE EMPRESAS

COMPRAVENTA DE EMPRESAS

En los últimos años, las transacciones de compraventa de empresas requieren un especial asesoramiento debido a la complejidad fiscal y las implicaciones regulatorias. En esencia, la compraventa de una empresa puede llevarse a cabo a través de la compra de las participaciones o acciones o mediante la compra de los activos de la empresa. Si bien el fin es el mismo, el régimen jurídico y fiscal aplicable a cada una de ellas es diferente, por lo que dependiendo del caso será más conveniente optar por una o por otra vía. 

1) En la compraventa de acciones o participaciones se toma la totalidad de dichas partes de la sociedad y, consecuentemente, se transmite la totalidad de sus activos y pasivos.

La principal ventaja de esta operación es que se adquieren de forma global los activos y pasivos de la empresa, sin necesidad de que sus acreedores den su consentimiento, como exige el artículo 1205 del CC, ya que la sociedad mantiene respecto a esta idéntica posición en lo que a sus derechos de crédito se refiere.

Sin embargo, puede ocurrir que alguno o algunos de los contratos suscritos incluyan cláusulas de control, lo que implica que pueden quedar resueltos en caso de un cambio de control de la compañía si la otra parte no da su consentimiento. Para evitar estas complicaciones, se opta por una Due Diligence, con el objeto de identificar los posibles riesgos y eventualidades de la operación y, como consecuencia, adoptar las medidas oportunas, antes de su ejecución. 

Con respecto a la responsabilidad de los vendedores, se limita al objeto del contrato, es decir, a las participaciones o acciones que se transmiten, por lo que puede ser recomendable incluir el régimen de responsabilidad aplicable respecto a vicisitudes que puedan surgir, así como garantías para su cubrimiento. 

2) La segunda posibilidad para la transmisión de una sociedad sería la compraventa de activos de forma individual. En este caso, debe tenerse en cuenta el régimen específico de transmisión de cada bien. 

Este método tiene la ventaja de que permite seleccionar activos y además quedarán limitados los vicios ocultos, sobre todo en materia laboral y fiscal. Sin embargo, existen importantes desventajas; la principal es la necesidad de consentimiento de los terceros cuyos contratos van a ser objeto de cesión. 

En todo caso, el régimen de responsabilidad varía de un proceso a otro, por lo que será necesario analizar las características concretas de cada caso, considerando los condicionantes y consecuencias legales de uno y otro proceso. En IBERUM ABOGADOS somos expertos en la compraventa de empresas con una dilatada experiencia en pymes y grandes empresas. 

Tacuara Casares Martín

La voluntariedad de la jubilación

La voluntariedad de la jubilación

La actual regulación de la Ley General de la Seguridad Social supuso un giro radical en el acceso a la jubilación, de tal forma que se configura como un derecho totalmente voluntario (y no una obligación). Es decir, es el trabajador quien decide si se retira y accede a la pensión una vez llegada la edad que lo permite.

En este sentido, la ley prevé unos incentivos dirigidos a fomentar que se siga trabajando después de cumplir la edad ordinaria de jubilación. En particular, cuando se accede a la situación de jubilación a una edad superior a la edad ordinaria de jubilación vigente en cada momento, y siempre que al cumplir esta edad se hubiera reunido el período mínimo de cotización exigido, se reconoce a efectos de la cuantía de la pensión un porcentaje adicional por cada año completo cotizado entre la fecha en que cumplió dicha edad y la de acceso a la pensión.

En cualquier caso, operan algunas excepciones a esta regla general:

Los funcionarios públicos, en general, sí que están obligados a jubilarse forzosamente al cumplir 65 años (salvo excepciones expresamente previstas).  

–Previsión de obligación de jubilación en el Convenio Colectivo: El Real Decreto-Ley 28/2018 ha vuelto a permitir que mediante convenio colectivo se pueda pactar la jubilación obligatoria, si bien esa previsión de los convenios deberá respetar siempre la edad ordinaria de jubilación y deberá estar vinculada a una política de empleo expresamente prevista y dirigida a fomentar la estabilidad y viabilidad de la empresa.