¿Interrumpe el procedimiento penal la prescripción del procedimiento de recargo de prestaciones?

¿Interrumpe el procedimiento penal la prescripción del procedimiento de recargo de prestaciones?

Desde IBERUM Abogados se ha conseguido revocar una resolución de recargo de prestaciones/sanción por accidente laboral grave emitida por el INSS en la que condenaban a una mercantil como consecuencia de un accidente de trabajo.

El recargo de prestaciones es una controvertida figura jurídica que supone el aumento de la cuantía de todas las prestaciones económicas que derivan de un accidente o enfermedad profesional por falta de medidas de seguridad en el trabajo y del que debe hacerse cargo el empresario, lo que supone unas cuantías que muchas empresas no pueden soportar para su supervivencia.

El hecho que motiva dicha sentencia se basa en un accidente ocurrido en el año 2006 en un centro logístico de Jaén en el que concurrían diferentes empresas y en el que un operador se cruzó delante de una máquina de asfaltos siendo aprisionado y sufriendo lesiones graves. Aunque nunca se acreditó incumpliendo por parte de la empresa, el Instituto Nacional de la Seguridad Social dictó resolución en el año 2018 sancionando a la empresa e imponiendo un recargo de prestaciones cuyo abono podría suponer el cierre de la mercantil.  

El procedimiento de recargo quedó suspendido una década en tanto se resolvía el procedimiento penal en el que finalmente en el año 2018 fueron absueltos los responsables de las empresas.

El letrado Ismael Istambul defendió que el procedimiento penal no interrumpía los plazos de prescripción de cinco años del Recargo de Prestaciones por lo que la Resolución era extemporánea. Extremo que fue admitido por el Juzgado y que ha dado lugar a una inédita y trascendental Sentencia en esta controvertida área del derecho.

Así mismo, la Sentencia del Juzgado de lo Social de Jaén, estimó la demanda interpuesta por IBERUM ABOGADOS porque entendía que no quedaron acreditados las faltas de medidas de seguridad en el trabajo.

¿Cotiza el paro a los efectos de la jubilación?

¿Cotiza el paro a los efectos de la jubilación?

La obligación de cotizar en el Régimen General de la Seguridad Social

La obligación de cotizar se mantiene durante el período en que el trabajador se encuentre de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

En este sentido, el deber de cotizar permanece en la situación de incapacidad temporal, cualquiera que sea su causa, en la de maternidad y paternidad, en la de riesgo durante el embarazo y en la de riesgo durante la lactancia natural, así como en las situaciones asimiladas a la de alta.

La situación legal de desempleo es asimilada a la de alta.

¿Quién ingresa las cotizaciones?

Durante el período de percepción de la prestación por desempleo la encargada de ingresar las cotizaciones correspondientes a la Seguridad Social será la entidad gestora, esto es, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), salvo los supuestos de reducción de jornada o de suspensión del contrato de trabajo como veremos más adelante.

El Servicio Público de Empleo Estatal asume la aportación empresarial y descuenta de la cuantía de la prestación la aportación que corresponde al trabajador.

Durante el periodo que el trabajador se encuentre en paro no existe obligación de cotizar por desempleo, accidente de trabajo y enfermedad profesional (contingencias profesionales), Fondo de Garantía Salarial y formación profesional.

Bases de cotización correspondientes

Durante este periodo corresponderá el promedio de la base por la que se ha cotizado por desempleo durante los últimos 180 días en el período de los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar.

En los casos de desempleo parcial o trabajo a tiempo parcial, la base por la que debe cotizarse se reduce en proporción a la disminución de la jornada o de la cuantía de la prestación.

En los supuestos de reducción de jornada o de suspensión del contrato de trabajo, corresponde a la empresa ingresar la aportación correspondiente a la misma, mientras que el SEPE deberá ingresar la aportación del trabajador, siempre y cuando no exista otra norma que exonere total o parcialmente a las empresas de cotizar, como ha sido el caso de los ERTEs derivados del coronavirus COVID-19.

Durante la percepción de la prestación por desempleo por suspensión temporal del contrato de trabajo o por reducción temporal de jornada, la base de cotización será el equivalente al promedio de las bases de los últimos seis meses de ocupación cotizada, por contingencias comunes y por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación legal de cotizar.

EL TSJ DE ANDALUCÍA ESTIMA NUESTRO RECURSO RECONOCIENDO EL DERECHO A UNA MADRE A COBRAR LA PRESTACIÓN DE MATERNIDAD PESE A TRABAJAR EN UNA EMPRESA FAMILIAR

EL TSJ DE ANDALUCÍA ESTIMA NUESTRO RECURSO RECONOCIENDO EL DERECHO A UNA MADRE A COBRAR LA PRESTACIÓN DE MATERNIDAD PESE A TRABAJAR EN UNA EMPRESA FAMILIAR

Desde IBERUM ABOGADOS hemos conseguido revocar la Sentencia nº 701/18 dictada por el Juzgado nº 7 de Granada. El Juzgado consideraba que existía fraude por parte de una madre que comenzó a trabajar en la empresa familiar de su padre un mes antes de dar a luz y al dejar sus estudios.

Dicho Juzgado dictó sentencia confirmando el acta de infracción del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la se denegó la prestación de baja por maternidad.  Igualmente se levantó acta de infracción y sanción a la empresa de su progenitor, al entender que el contrato era fraudulento, basándose en la relación de parentesco con el administrador de la sociedad.

Sin embargo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha estimado el recurso interpuesto por Ismael Istambul, socio director del despacho IBERUM ABOGADOS, revocando la sentencia al entender que dicha denegación se basó en una presunción finalmente no justificada y que atentaba al derecho de la mujer habiendo sido colocada en una situación de indefensión, máxime cuando se encontraba ante la protección de una mujer embarazada menor de edad.

Ismael Istambul, en su Recurso de Suplicación defendió que la Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social atentaba contra el Derecho al Trabajo de una mujer menor embarazada resultando el entorno familiar el cauce más natural para la integración en el mercado Laboral.

Así mismo dicha contratación se dio bajo la causalidad justificada de un exceso de actividad en el año 2017 que no podía ser asumido con el personal preexistente en el departamento, y que, tras la baja, la trabajadora se reincorporó a la empresa continuando la prestación de sus servicios sin interrupción por un incremento de actividad y de plantilla desde su contratación inicial respecto del precedente por las cifras de facturación presentadas en el recurso.

El Tribunal Superior de Justicia declara en su sentencia nº 734/21 de 25 de marzo el derecho de la menor a cobrar la prestación de maternidad reconocida, dejando sin efecto tanto el acta de infracción del INSS donde se le obligaba a reintegro de la prestación, así como anulando la sanción impuesta a la empresa familiar que la contrató.

Implicaciones fiscales del teletrabajo para empresas no residentes en España con empleados residentes

Implicaciones fiscales del teletrabajo para empresas no residentes en España con empleados residentes

En el anterior post, explicábamos las consecuencias fiscales y de cotizaciones sociales que puede tener el efectuar el teletrabajo desde fuera de España para empresas españolas. Pero, ¿qué ocurre cuando se efectúa el teletrabajo desde España para empresas extranjeras

Esta situación ha sido analizada por la Dirección General de Tributos (en adelante DGT) en la consulta vinculante V3286 -17. Analiza el caso de una empresa empleadora, residente fiscal en Irlanda, que no ejerce ningún tipo de actividad en España y tampoco dispone de sucursal o establecimiento permanente en territorio español. Los trabajadores trabajan a distancia desde su casa en España.

Los trabajadores, al ser residentes fiscales en España, tributarán aquí por su renta mundial, con independencia del lugar donde se hayan producido las rentas y cualquiera que sea la residencia del pagador de las mismas, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley IRPF. 

Ahora bien, ¿debe practicar retenciones la empresa irlandesa? 

Debemos acudir al Convenio bilateral entre ambos países para evitar la doble imposición y a los acuerdos que lo interpretan. 

Así, de conformidad con el Convenio bilateral  y con el Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE, se establece que las rentas del trabajo dependiente que se realicen desde el domicilio de un trabajador situado en España, aunque los resultados de dicho trabajo sean para una empresa irlandesa y siendo el trabajador considerado residente fiscal en España, solamente tributarán en España.

Por ello, la DGT concluye que no existe obligación de retener por parte de la empresa irlandesa sobre los salarios derivados del teletrabajo, dado que esta no opera en España mediante un establecimiento permanente ni realiza ninguna actividad en España y por tanto no obtiene rentas en este país de las que las retenciones pudieran constituir gasto deducible.

No obstante, en el momento en que pudiera entenderse que la contratación de trabajadores en España, aunque trabajen desde sus casas, determina la existencia de un establecimiento permanente o la realización de una actividad económica en territorio español sin mediación de establecimiento permanente, la empresa irlandesa sí estaría obligada a practicar retenciones por los rendimientos del trabajo satisfechos.

Se entiende que una empresa no residente tiene un establecimiento permanente cuando disponga en España, de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo de cualquier índole, en los que realice toda o parte de su actividad, o siempre que los trabajadores tengan la consideración de agentes autorizados para contratar, en nombre y por cuenta de la empresa.

Tributación y cotización del teletrabajo efectuado en el extranjero

Tributación y cotización del teletrabajo efectuado en el extranjero

La implantación del teletrabajo puede conllevar diferentes consecuencias fiscales y de cotización a la Seguridad Social que debemos conocer, tanto si somos trabajadores como empleadores.

En primer lugar, debemos determinar si el trabajador se considera o no residente fiscal en España. Una persona física es residente en España si permanece en el territorio más de 183 días durante el año natural, o si su núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos radica en España, según la LIRPF.

En el caso que el teletrabajador de una empresa española se desplace temporalmente a otro país miembro de la Unión Europea, la empresa española podrá seguir pagando sus cotizaciones sociales tal como venía haciendo hasta ahora. Siempre y cuando el teletrabajador no supere el tiempo máximo de cinco años viviendo en otro país de la Unión Europea.

En el caso que el teletrabajador, a tenor de la normativa anteriormente indicada, sea considerado como no residente en España ni en la Unión Europea, las remuneraciones percibidas podrán ser sometidas a imposición en el otro estado, tanto en lo relativo a sus cotizaciones sociales como a la propia tributación de la renta que debe efectuar el trabajador y que, en consecuencia, también afectará a las retenciones practicadas por la empresa. Para ello, deberemos acudir al Convenio, o en su defecto acuerdos, de Doble Imposición que esté suscrito entre dicho país y España.

Jubilación anticipada no voluntaria

Jubilación anticipada no voluntaria

Actualmente, la opción de la jubilación anticipada presenta fuertes limitaciones para su ejercicio ya los poderes públicos han optado por políticas de alargar la vida laboral de los trabajadores.


Nos encontramos con dos modalidades diferentes de jubilación anticipada: “voluntaria” y “no voluntaria”, teniendo esta última una regulación más flexible para su concesión.

En esencia, la jubilación anticipada no voluntaria opera en aquellos casos en los que, teniendo una cotización mínima, el trabajador ha sido expulsado del mercado laboral de forma no voluntaria resultando difícil su reincorporación a dicho mercado laboral debido a la avanzada edad.


Los supuestos de exclusión que se regulan son:


Despido colectivo o individual por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. En este caso, se debe acreditar haber percibido la indemnización correspondiente a la que se tiene derecho (se trata de corroborar que la situación es veraz e involuntaria y que ha sido el empresario quien ha puesto fin a la relación laboral individualmente) o bien acreditar la interposición de demanda judicial de reclamación de indemnización o de impugnación de decisión extintiva.

• Igualmente se puede acceder a la jubilación anticipada en supuestos de extinción por fuerza mayor: fallecimiento, jubilación y/o incapacitación del empresario o, en su caso, si se extingue la personalidad jurídica de la empresa.

¿Qué ocurre si el despido es impugnado y posteriormente declarado improcedente?


El Instituto Nacional de la Seguridad Social, en ocasiones, ha denegado el acceso a la jubilación anticipada en estos supuestos, alegando que, si se declara el despido como improcedente, se reconoce que no es válido el despido colectivo u objetivo y, por tanto, se pierde el motivo por el que se accede al derecho a la jubilación anticipada no voluntaria.


Obviamente, este criterio del INSS ha sido censurado y revocado por los tribunales, pues desincentivaba la impugnación judicial de los despidos por parte de los trabajadores (por miedo a perder su derecho a la jubilación anticipada) y finalmente los tribunales han reconocido el derecho a la jubilación anticipada “no voluntaria” incluso cuando el despido objetivo ha sido declarado improcedente.