Rebeldía: Consecuencias de no responder a las Notificaciones Judiciales

Rebeldía: Consecuencias de no responder a las Notificaciones Judiciales

Una notificación judicial puede conllevar una citación, emplazamiento, requerimiento, mandamiento u oficio pero ¿Qué pasa cuando no se consigue notificar al destinatario, bien por imposibilidad o porque el destinatario se niega a recibir la notificación?

En caso de imposibilidad de notificación, el procurador o funcionario que asuma su práctica dejará aviso de que la copia de la resolución queda a su disposición en la oficina judicial e igualmente se producirán los efectos de la correcta remisión de la comunicación, a pesar de que no conste su recepción. Si la imposibilidad es producida por la ausencia del destinatario en su domicilio, la entrega podrá efectuarse, en sobre cerrado, a cualquier empleador, familiar o persona con la que conviva, mayor de catorce años.

Si todas las vías establecidas en la ley sobre esta materia fueron agotadas, y el destinatario no llega a recibir o se niega a recibir la notificación,  será declarado un acto de rebeldía. El declarado rebelde será llamado así por no haber comparecido en el juicio o durante cualquier fase del procedimiento, como es la firma acreditativa de la recepción de una notificación judicial.

¿Cuál es la consecuencia de evadir una notificación judicial y ser declarado en rebeldía? Que el demandado no tendrá defensa, lo cual no significa que sea juzgado y condenado por el mero hecho de estar en rebeldía, sino que el juez tendrá que valorar el caso solo acreditando lo que pruebe la parte demandante, y con ello resolver y juzgar.

Y ¿qué pasa cuando se declara la rebeldía? Cuando se conoce el domicilio del demandado pero el plazo para personarse transcurre, la Ley establece que el Secretario judicial deberá proceder, mediante correo postal a la notificación de la rebeldía del demandado en el mismo domicilio o por edictos. Los edictos son resoluciones o comunicaciones de órganos judiciales que deben fijarse en el tablón de anuncios y/o que son, como es en este caso conforme a la normativa aplicable, objeto de inserción en un diario oficial.

Si el demandado se percata de que se le ha declarado en rebeldía aún podrá comparecer al acto del juicio, y tendrá la posibilidad de proponer y practicar pruebas en su defensa. En el caso de que no comparezca en ningún momento, el “rebelde” podrá ser condenado en costas.  Una vez publicada o entregada la notificación de rebeldía, no se llevará a cabo ninguna otra, salvo la de la resolución que ponga fin al proceso (artículo 497.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Esto significa que el rebelde tampoco podrá recurrir los hechos que fueron asentados, con la sola excepción de que se argumente la indefensión por algún tipo de infracción procesal.

En conclusión, firmar o reconocer una notificación judicial es una responsabilidad civil como cualquier otra cuya elusión conlleva relevantes consecuencias. No personarse en el proceso conllevará una declaración de rebeldía, que dejará a la parte sin posibilidad de defensa durante el mismo hasta que se persone.

Isidora Brigham Delgado

Contrato de representación de futbolista profesional

Contrato de representación de futbolista profesional

El futbolista y el agente

El agente, teóricamente, será la persona de confianza del futbolista, tanto cuando este esta empezando su carrera profesional, como a la hora de gestionarla durante el transcurso de esta, sin embargo, no siempre se trata de una relación idílica. 

Cualquier jugador de fútbol, antes de suscribir ningún tipo de contrato de representación, tendrá que cerciorarse de que esta ante un agente licenciado. El Reglamento de Agentes de la FIFA exige que los agentes que se encarguen de mediar en nombre del deportista cuenten con la debida licencia, para lo que deberán pasar ciertos requisitos y recibir formación específica. 

Se trata, por lo tanto, de una exigencia legal que los agentes de fútbol que quieran operar en nuestro país estén licenciados para el desarrollo de esta profesión, pudiendo comprobarse este extremo fácilmente, encontrándose esta información en la web de la Federación Española de Fútbol. Siendo únicamente estos agentes los que pueden representar a un jugador de fútbol, así como negociar o renegociar con un Club un contrato de trabajo o un traspaso. 

En cualquier caso, habrá que tener en cuenta la excepción del artículo 4 del Reglamento de aplicación de la FIFA en la que se establece que el jugador podrá representarse a sí mismo y también podrá ser representado por su consorte, así como por sus padres, hermanos y hermanas, sin necesidad de que ninguno de los anteriores esté licenciado como agente de futbolistas profesionales. Esto es porque, aunque puedan desconocer lo relativo al ámbito puramente deportivo, gozan de algo esencial, esto es la máxima confianza del jugador. Además, los futbolistas podrán ser representados por un abogado, sin necesidad de que este tenga licencia alguna, ya que se entiende que este profesional cuenta con los conocimientos jurídicos necesarios, sin embargo, si este es el caso siempre será preferible que este especializado en el área del Derecho Deportivo. 

Los aspectos esenciales que habrá que tener en cuenta cualquier jugador, antes de firmar un contrato de representación serán los siguientes: 

  • En caso de que se incluya una cláusula de representación en exclusiva, el contrato no podrá sobrepasar el limite temporal de dos años, sin embargo, es posible renovarlo, pasado el referido plazo, por un periodo de dos años más. La renovación deberá ser expresa.
  • Debe establecerse quién será el responsable de abonar los honorarios al agente, siendo lo más habitual que lo haga el propio jugador, pero pueden darse ciertas excepciones. 
  • En el caso de un jugador menor de edad, los padres o tutores legales deberán firmar para que el contrato sea válido. 
  • La clausula de exclusividad es optativa, por lo que no todos los contratos serán necesariamente en exclusiva aunque en la práctica sea lo más habitual. En el caso de que efectivamente estemos ante un contrato de representación en exclusiva, el jugador no podrá durante la vigencia del mismo firmar un nuevo contrato de representación con agente alguno hasta que no finalice el plazo pactado.

En definitiva, teniendo en cuenta la importancia de cada año de plenitud deportiva para la carrera de un jugador y la duración media de la vida profesional de un futbolista, será determinante elegir bien quien forma parte de nuestro equipo, también fuera del campo. 

Tacuara J. Casares Martín

FALACIAS

FALACIAS

Saliendo esta vez de la línea de publicaciones del Blog de Iberum Abogados, hoy abordaremos una cuestión que es de gran interés y relevancia incluso dentro de la práctica jurídica. La profesión de la abogacía tiene como uno de sus pilares fundamentales el uso de la palabra (tanto escrita como oral). En este uso es fundamental que las ideas o argumentos presentados estén basados siempre en argumentos racionales y con validez lógica.

Los argumentos son razonamientos lógicos que nos sirven para justificar la veracidad (también la importancia y la probabilidad) de una conclusión. Así, las falacias son aquellas formas de argumentación que contienen errores o persiguen fines espurios. Fallatia en latín significa engaño y es sinónimo del término griego sofisma: un argumento engañoso.

Las falacias pueden dividirse, en función de su naturaleza, en tres grandes grupos: 1. Aquellas que incurren en errores de razonamiento (por ejemplo, una generalización precipitada o la falacia del consecuente); 2. Aquellas que no persiguen siquiera utilizar un razonamiento lógico (por ejemplo, un ataque personal); 3. Aquellas que intentan engañar o distraer presentando argumentos falsos (por ejemplo, las apelaciones emocionales o la falacia ad ignorantiam).

Pero dentro de estos tres grandes grupos existen numerosos tipos de falacias, como la Falacia del Accidente, la Falacia de la Ambigüedad, el Argumentum ad Baculum, la Falacia de la Falsa Causa, la Falacia del Continuum, la Falacia de la falsa Disyunción, La Falacia del Embudo, la Falacia del Secundum Quid, etc. Sería imposible traer todas aquí, pero sí vale la pena recoger algunas de las más importantes y habituales:

  • Falacia Ad Hominem:
    • Idea principal: Consiste en atacar a la persona que formula el argumento – más que atacar el propio argumento en sí – para debilitar así el argumento.
    • Estructura: X dice que P, X tiene algo “negativo”, por tanto, lo que dice X no es válido o verdadero 
    • Ejemplo:
      • A- “El libro de Rousseau “Emilio, o sobre la educación” es imprescindible para cualquier maestro.
      • B- “Me da igual lo que dijera Rousseau sobre la educación, él abandonó a sus hijos.” (falacia)
  • Falacia del Muñeco de Paja o Espantapájaros:
    • Idea principal: Consiste en ridiculizar o convertir el argumento contrario en uno más débil de lo que realmente es. Así cuando refutas el argumento en esta versión más simplista no estás realmente refutando el verdadero argumento.
    • Estructura: A dice P, B señala que A ha dicho Z (y refuta Z, no refuta P)
    • Ejemplo:
      • A- “Pienso que es malo que los niños salgan solos a altas horas de la noche”
      • B- “¿Entonces al salir de la casa van a volverse unos delincuentes y van a dejar la escuela?” (falacia)
  • Falacia de la Pendiente Resbaladiza:
    • Idea principal: Consiste llegar a una conclusión indeseable mediante un proceso de varias afirmaciones causales poco justificadas, que concluye con descartar la causa inicial.
    • Estructura:
      • Si se acepta B, entonces se debe aceptar C, que es apenas diferente de B
      • Si se acepta C, entonces se debe aceptar D, que es apenas diferente de C
      • Si se acepta D, entonces se debe aceptar E, que es apenas diferente de D
      • Si se acepta E, entonces se debe aceptar F, que es apenas diferente de E
      • Pero F es inaceptable, por lo tanto, no se debe admitir A”
    • Ejemplo: “No se puede suprimir el servicio militar obligatorio porque distanciaríamos a los ciudadanos de su compromiso con la nación, lo cual debilitaría nuestra capacidad defensiva y de disuasión, con lo que en la práctica estaríamos invitando a que se abuse de nosotros y no se respeten nuestros intereses, especialmente los comerciales, con las consecuencias inevitables de recesión económica y desempleo. Ya se sabe que cuando esto ocurre la sociedad se siente irritada e insegura, la política se torna inestable y cualquier incidente puede crear un caos revolucionario que finalmente dará lugar a la desaparición de nuestro Estado-Nación.” (falacia)

Conocer e identificar las falacias nos ayuda en dos sentidos. En primer lugar, nos evitar caer nosotros mismos en ellas (lo que causaría un empobrecimiento de nuestra propia argumentación). En segundo lugar, facilita identificarlas en los discursos ajenos. Para refutarlas basta con señalarlas y explicar que el argumento contrario carece de validez lógica. En general las falacias no pueden ser aceptadas, pero son especialmente reprochables en ciertos ámbitos, como por ejemplo en la práctica jurídica o política.

En definitiva, un buen abogado no debe únicamente conocer la normativa de nuestro ordenamiento, sino también controlar y dominar la práctica de la argumentación jurídica.

Marcos Rey Izquierdo

PRESCRIPCIÓN RECARGO PRESTACIONES

PRESCRIPCIÓN RECARGO PRESTACIONES

IBERUM Abogados ha obtenido recientemente una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sin precedentes, que confirma la REVOCACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE RECARGO DE PRESTACIONES DERIVADA DE INFRACCIÓN GRAVE DE FALTAS MEDIDAS SEGURIDAD POR ACCIDENTE LABORAL GRAVE emitida por el INSS.

El Recargo de Prestaciones es una controvertida figura jurídica (regulada en el artículo 164 del Ley General de la Seguridad Social) que supone el aumento de entre el 30% y el 50% del importe de todas las prestaciones económicas que recibe un empleado como consecuencia de un accidente o enfermedad profesional por falta de medidas de seguridad en el trabajo y del que debe hacerse cargo el empresario, lo que supone en muchos casos unas cuantías que ponen en peligro la supervivencia de las pequeña y medianas empresas.

La reciente Sentencia resuelve sobre un ACCIDENTE DE TRABAJO GRAVE que sufre el trabajador en 2006 mientras estaba realizando las labores de asfaltado de un nuevo centro logístico. El accidentado trabajaba a cargo de una mercantil (“Empresa 1”) y esta a su vez estaba realizando las obras para otra mercantil en régimen de subcontratación (“Empresa 2”).

A fecha de 23 de marzo de 2009 el trabajador presenta escrito ante el INSS solicitando que se resuelva sobre el recargo de prestaciones por el accidente, iniciando el expediente el INSS el 3 de abril. El 20 de mayo de 2009 la Empresa 1 solicita la suspensión del trámite del expediente ante el INSS, alegando que constaba expediente administrativo ante la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda (proceso sobre acta de infracción de accidente de trabajo) y diligencias previas ante el Juzgado de Instrucción nº1 de Valdemoro (proceso para dirimir la responsabilidad penal del accidente).

El procedimiento de recargo de prestaciones se mantuvo suspendido hasta noviembre de 2018 cuando se reactivó, dictando la autoridad laboral resolución firme sobre acta de infracción en junio de 2018. La Sentencia penal absolutoria para las empresas se dicta en octubre de 2017. El INSS dictó resolución el 13 de febrero de 2019 en que se condena a las empresas a un Recargo del 30%.

La Empresa 1 interpuso Recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Las alegaciones, con independencia de las cuestiones de fondo, de la defensa del trabajador fueron las siguientes:

  1. El procedimiento de recargo fue suspendido a instancias de la “Empresa 1” sin posibilidad de recurso ante la Resolución del INSS, ya que el trabajador no puede verse perjudicado por un acto que realizó la “Empresa 1” y ante la que no pudo presentar recurso. Siguiendo esta idea, acusan a la “Empresa 1” de cometer fraude de ley al provocar esa situación.
  2. El plazo de prescripción de 5 años del procedimiento de recargo queda interrumpido por las acciones procesales que se llevaron a cabo en el proceso penal.

La defensa de la “Empresa 1” esgrimió las siguientes alegaciones:

  1.  Que cualquiera de las partes puede presentar las solicitudes que el ordenamiento jurídico prevea en cuanto a la suspensión del procedimiento y será la autoridad competente quien decida sobre su pertinencia, sin incurrir por esta actuación el solicitante en fraude de ley posible.
  2. Que no es cierto que no cupiese recurso contra la decisión tomada por el INSS ya que el art. 107.1 de la Ley 30/1992 permite presentar recursos de alzada y potestativo de reposición contra cualesquiera decisiones que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzca indefensión o perjuicio irreparable a derechos e interesas legítimos del recurrente.
  3. Que el plazo de prescripción de 5 años se ha cumplido porque entre 2009 y 2018 no se realizó ninguna acción administrativa relativa a este asunto. Alegar que el proceso penal interrumpe ese plazo es erróneo en este caso. Los dos procedimientos son compatibles y por tanto independientes. Son compatibles porque el recargo de prestaciones es de naturaleza híbrida: ni estrictamente sancionadora ni estrictamente reparadora (no se produce non bis in idem). De esta forma, las acciones realizadas en el proceso penal no interrumpen la prescripción del proceso de recargo.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estima las alegaciones vertidas por la defensa de la mercantil. El fallo, que confirma la revocación de la resolución de recargo de prestaciones realizada por el INSS, viene motivado fundamentalmente por el argumento de que la acción penal no interrumpe el plazo de prescripción del procedimiento de recargo de prestaciones.

¿Puede una empresa obligar a sus trabajadores a vacunarse contra el COVID?

¿Puede una empresa obligar a sus trabajadores a vacunarse contra el COVID?

A día de hoy la vacunación en España se sitúa en un porcentaje superior al 45%, según datos del Gobierno. Además, desde el 1 de julio estará operativo en la Unión Europea el Certificado COVID, lo que posibilitará acreditar fácilmente tanto si una persona ha sido vacunada contra el COVID- 19, como si se ha sometido a una prueba cuyo resultado ha sido negativo, o incluso si esta ya ha superado la enfermedad en los meses inmediatamente anteriores. 

Ante esta situación, algunas empresas se preguntan si pueden obligar a sus trabajadores/as a vacunarse, si pueden solicitarles información sobre si están vacunados o no, o incluso llegar a despedirles si se niegan a la vacunación. Intentaremos exponer qué prevé la ley en relación con algunas de las dudas más frecuentes:

  1. ¿Es obligatorio vacunarse?

En España no es obligatoria ninguna vacunación, por lo que ninguna empresa puede obligar a vacunarse a sus trabajadores, ya que se considera que prevalecen sus derechos fundamentales a la integridad e intimidad, recogidos en los artículos 15 y 18 de la Constitución Española y, adicionalmente, el artículo 2.3 de la Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente señala que todo paciente o usuario tiene derecho a negarse a un tratamiento bajo el principio de consentimiento informado. 

Esto puede parecer en cierto modo contradictorio con el deber de las empresas de garantizar la salud y seguridad de sus trabajadores, pero el artículo 22 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales solo implica la obligación de llevar a cabo labores de vigilancia en la salud mediante el ofrecimiento de reconocimientos médicos, además de asegurar el cumplimiento de las medidas de protección (mascarillas, gel hidroalcohólico, etc), pero no incluye el suministro de tratamientos sanitarios preventivos (vacuna).

Las empresas solo pueden, pues, recomendar de forma expresa la vacunación a sus trabajadores, en cumplimiento de la mencionada obligación de garantizar la salud y seguridad en los centros de trabajo. 

  1. ¿Puede fundamentarse un despido en la falta de vacunación?

Dado el carácter voluntario de la vacunación, no hacerlo no será motivo de despido justificado, no pudiendo ampararse el empresario en motivos económicos ni productivos en el caso de que la empresa se vea afectada por un rebrote que haga necesario el cierre, y tampoco en la protección a la salud de los trabajadores frente a los riesgos propios del puesto de trabajo. Por lo tanto, un despido fundamentado en el hecho de no vacunarse sería improcedente o nulo, al implicar vulneración de derechos fundamentales. 

  1. ¿Puede requerirse la vacunación para la contratación?

La Constitución Española recoge el derecho a no ser discriminados por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, lo cual unido a la ya mencionada ausencia de obligatoriedad de la vacunación, impide poder exigir la vacunación como condición de acceso al puesto de trabajo, no estando el candidato ni siquiera obligado a responder a la cuestión de si se ha vacunado o no contra el COVID19. 

Sin embargo, la empresa si podrá requerir que se lleve a cabo un test o bien exigir la presentación del resultado negativo del mismo para verificar el estado de salud del candidato o del trabajador, quedando ésta obligada a costear el mismo o bien surgirá el derecho al reembolso del trabajador por el importe de la prueba. 

  1. ¿Hay alguna excepción?

Sí, los casos en que el trabajador o trabajadora deba viajar al extranjero como parte de las funciones de su puesto de trabajo, deberá cumplir con la normativa COVID del país al que sea enviado o destinado ya que si la falta de vacunación supone la prohibición de entrada al país o la imposición de cuarentena en el destino, la empresa podrá tomarmedidas disciplinarias.

Además, en casos tasados (por ejemplo, profesiones que impliquen trato con personas de riesgo o una gran exposición al público), el plan de prevención de riesgos laborales podría exigir la vacunación para el desempeño de dichos puestos concretos o incluso exigir que se informe sobre este extremo. En estos casos, la negación a la vacunación o la no información sobre si se ha vacunado podría llegar a provocar una sanción disciplinaria o incluso hipotéticamente fundar un despido, si concurre la suficiente gravedad y culpabilidad. Para ello debe darse la circunstancia de que las características propias del cargo exijan estar inmunizado, y se trataría de un despido por situación de incapacidad sobrevenida para el puesto, prevista en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. Dicho despido sería, en cualquier caso, una medida subsidiaria, ya que en primer lugar la empresa deberá, en la medida de lo posible, adaptar el puesto para garantizar la salud y seguridad del trabajador y del resto de la plantilla, pues el artículo 25 de la LPRL prevé que los trabajadores no deberán ser empleados en puestos en los que, por sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial puedan poner en peligro a ellos o a terceros

Tacuara CASARES MARTÍN